El Consejo Escolar de Andalucía, como órgano superior de participación de todos los miembros y sectores de la comunidad educativa andaluza, en estos momentos considera que debe manifestarse en los siguientes términos:

1. La educación, tal como reconoce la Declaración de los Derechos Humanos, la Constitución y nuestro Estatuto de Autonomía, es un derecho fundamental de la  persona y como tal, especialmente en los primeros años de la vida, debe ser objeto de una atención prioritaria por parte de los poderes públicos y la sociedad a fin de que toda persona alcance una formación que le permita su plena realización en un mundo cada día más complejo.

2. La actual coyuntura de crisis económica está siendo propicia para el cuestionamiento de las inversiones en educación; no obstante se hace preciso un incremento sostenido de los recursos que permitan una mejora constante de la educación en Andalucía.

3. Consideramos a la educación en Andalucía como la prioridad más idónea para nuestro desarrollo. Por ello, planteamos la conveniencia de dotarla de la necesaria estabilidad y sencillez normativa así como de mantenerla al margen de la confrontación partidaria.

4. Se hace necesario lograr un acuerdo social y político para seguir avanzando en la calidad del sistema educativo andaluz.

5. Finalmente, para la mejor educación de los escolares y para unos mejores resultados del sistema educativo es fundamental la suma de esfuerzos de familias, profesorado, administraciones y PAS. Por eso, todo lo que contribuya a la valoración de los esfuerzos recíprocos y al respeto de sus funciones respectivas contribuirá decisivamente al logro de los objetivos de los centros y el éxito de los escolares.

 Los tres pilares centrales de la reforma educativa anunciada por el Gobierno, ampliación a tres años del bachiller en detrimento de la educación secundaria obligatoria, eliminación de la asignatura Educación para la Ciudadanía y potenciación de los centros privados “no atajan el fracaso escolar, el mayor mal de este sistema”, asegura Juan Carlos Hidalgo, Secretario General de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza. “Se cuestionan los resultados de los centros públicos para justificar el avance de la enseñanza privada”, asegura.

José Ignacio Wert, el Ministro de Educación, hizo públicas las medidas que piensa abordar en materia educativa. Una de las que han suscitado mayor polémica, la sustitución de la asignatura Educación para la Ciudadanía por Educación Cívica y Constitucional es, según Juan Carlos Hidalgo, “absurda y da contestación a las demandas del sector más radical del voto popular”. “La materia no adoctrina, habla sobre derechos humanos. Cambiarla ahora supone un coste para las familias y los centros al cambiar de libros de texto”, afirma Hidalgo.

Esta apuesta está abriendo la puerta a conciertos de bachillerato para los centros privados lo que, según el Secretario regional de FETE, “va en detrimento de los centros públicos”. “Se cuestionan los resultados de los centros públicos para justificar el avance de la enseñanza privada”, asegura.

Ampliar el bachillerato a tres años, la medida anunciada este martes por el Gobierno de Rajoy, supondrá “un alto coste económico y organizativo” y “no ataja el mayor problema de la enseñanza española: el fracaso escolar”. El sindicato viene proponiendo una tercera opción, la de realizar el bachiller en dos o tres cursos escolares, dependiendo de las necesidades del alumno, pero nunca a costa de la enseñanza obligatoria.

Según Juan Carlos Hidalgo, la comunidad educativa está “harta de que cada Gobierno cambie la legislación educativa”. Reivindica un pacto de Estado para configurar el sistema”, concluye.

 El Ministro de Educación en su comparecencia en la Comisión de Educación de la Cortes ha explicado el proyecto del PP para los próximos cuatro años sin concretar muchas de sus propuestas, generando incertidumbre en la comunidad educativa.

Si bien comenzó su discurso aceptando que no va a cambiar la LOE, las modificaciones estructurales de postobligatoria que ha anunciado, lo contradicen. Se ha olvidado pronto de trabajar en aras de un Acuerdo/Pacto de estado por la educación, de realizar un diagnóstico de los problemas del sistema educativo y de utilizar las cifras del fracaso escolar de forma interesada como justificación de los cambios que pretende realizar.

Utilizó el análisis temporal de la normativa educativa sin el contexto histórico necesario, comparando con los países nórdicos el rendimiento escolar de nuestros alumnos. En el año de la Constitución española -1978- los países nórdicos habían superado el analfabetismo, mientras que en España estábamos cerca del 25%.

De igual forma hay que contemplar que la gestión educativa está descentralizada y por tanto la mitad de España responde al promedio de comunidades autónomas como Asturias, Cantabria, La Rioja…, que están muy por encima de la media europea, frente a comunidades como Valencia o Baleares, donde el fracaso escolar está muy acentuado.

La intervención del Sr. Wert no nos ha causado sorpresa. Respecto al cambio de la asignatura Educación para la Ciudadanía por Educación Cívica y Constitucional se aleja de las recomendaciones del Consejo de Europa que insta a los gobiernos a la educación cívica y en valores (vida en comunidad,  relaciones personales, sociedad más igual, respeto a la diversidad, solidaridad, conocimiento de las leyes constitucionales, derechos humanos…). Limitar los contenidos al conocimiento de la Constitución restringe también parte del currículum de dicha asignatura.

El ministro fundamenta el hecho a que el currículum de Educación para la ciudadanía contiene temas controvertidos que pueden conducir al adoctrinamiento, pero no explica cuales son y confía poco en la profesionalidad de los docentes de este país si argumenta de esta forma. Vuelve a recuperar la idea de centros de especialización curricular, que de llevarse a efecto dividirán al alumnado según la selección que el propio centro persiga.

La apuesta del PP sobre la Formación Profesional dual anunciada y sin hacer ninguna concreción más genera muchas dudas en este momento de crisis económica. La implicación de las empresas en la formación, conlleva a una F.P de dos velocidades como sucede en los centros experimentales de F.P de la comunidad de Madrid, en los que comprobamos como hay alumnos seleccionados por las empresas, priorizando la enseñanza técnica frente a la formación integral, mientras que otros alumnos que no tienen esa opción permanecen en el instituto.

FETE-UGT coincide con el ministro en cuanto a aumentar el peso del Bachillerato, pero no comparte que sea a través de la transformación del cuarto de la ESO en primero de Bachillerato, lo que supone quitar un año del tronco común de la ESO, que no es aceptado por el sindicato. El ministro no ha aclarado las dudas que parte de los diputados de la oposición ha realizado sobre si van a concertar los tres años del bachillerato y/o de la F.P.

En otro orden de cosas, el ministro ha adquirido en el Parlamento el compromiso, igual que sus antecesores en el cargo, de elaborar un estatuto docente. Este sindicato coincide en esa necesidad, que históricamente vienen reclamando, pero le recuerdan que el estatuto consta de cuatro partes, el ingreso en la Función pública docente; una carrera profesional con unos tramos retribuidos, homologables a los países de la UE, que permitan dignificar y motivar al profesorado; una promoción profesional basada en el concurso de méritos, y la necesidad de mantener jubilaciones anticipadas para el colectivo docente.

El sr. Wert ha unido la realización de pruebas externas al alumnado con la elaboración de una clasificación de los centros por sus resultados. No hay que olvidar que todos los informes insisten en que no se puede hacer una valoración de los resultados sin considerar los condicionamientos del contexto socioeconómico. Para FETE-UGT, en los centros no solo se ha de transmitir conocimientos, sino que se ha de desarrollar una educación integral del alumnado, item evaluable desde el punto de vista social y que no ha considerado el ministro. La educación debe formar al alumnado para sociedad del siglo XXI, debe cohesionar y garantizar la igualdad de oportunidades.

Para FETE-UGT es imprescindible tener un sistema educativo bien financiado, incrementando los presupuestos educativos en torno a la media europea, que está en el 5,5% del PIB frente al 4% de España, tema que no ha sido aludido en la intervención del ministro.

Por último, ha sido una pena, que no haya aprovechado su primera comparecencia para hacer referencia a los recortes educativos que las comunidades autónomas están efectuando para ajustar sus presupuestos y que suponen pérdidas de empleo en el sector docente, pérdidas de programas dirigidos a ayudar a los alumnos que tienen dificultades.

La Unión General de Trabajadores de Sevilla, patrocinada por la Obra Social de Cajasol, organiza el I Certamen de Cuentos para Adultos "Alberto Fernández Ballesteros". Este destacado sindicalista sevillano perteneciente a UGT y concejal por el PSOE en el Consistorio sevillano durante la II República, era un hombre de vasta formación humanística y destacado narrador.

Las bases de este I Concurso de Cuentos son las siguientes:

- Podrán concurrir los escritores y escritoras que lo deseen, con un cuento escrito en castellano, de tema libre, con una extensión máxima de cinco folios, a doble espacio por una sola cara o el equivalente aproximado a 11.500 caracteres, con espacios.

- Se concederá un primer premio, dotado con 500€ y dos accésits dotados cada uno con 150€. Tanto el primer premio como los accésits se publicarán por UGT Sevilla.

- Se abre el plazo de presentación hasta el 31 de marzo de 2012.

- Los trabajos se enviarán sin firma o con seudónimo, siempre que este no sea conocido, bajo plica (sobre cerrado con el título de la obra prese4ntada), donde figurará nombre, dirección, teléfono y pequeño currículum del autor o autora.

- Los originales, por duplicado, se enviarán a UGT Sevilla, Apartado de Correos 102, OP Sevilla.

- El jurado, compuesto por relevantes escritores, no se dará a conocer hasta el día del fallo del concurso, que se anunciará oportunamente.

- El hecho de presentarse al presente Certamen significa la aceptación de las Bases.

 UGT exige al nuevo Gobierno que, aprovechando la necesidad de redactar un nuevo Plan Nacional, se tomen medidas para que los presupuestos y actuaciones previstos en el mismo y en los distintos Programas de Trabajo se ejecuten.

Desde UGT entienden que ante la situación actual que se vive en España la única salida es el tan manido “cambio de modelo económico”, pero para que éste se produzca es necesaria una apuesta fuerte y decidida por la introducción de las nuevas tecnologías, la investigación y la innovación que den mayor valor añadido a los productos y servicios de nuestro país. No queremos competir con los países emergentes en salarios, ni en condiciones laborales, lo que necesitamos es crear productos más competitivos a través de los cuales seamos capaces de crear empleos.

En UGT se ha constatado que no hay un organismo público que realice el seguimiento de todo el Plan Nacional en conjunto, que no se realizan evaluaciones unificadas de todos los programas incluidos en el mismo. Por tanto desde UGT quieren que, aprovechando la prorroga por un año del Plan Nacional, para los sucesivos Planes, una de las metas a cubrir sea la unificación de las medidas de formulación, evaluación y control del conjunto del Plan Nacional, y que estas sean transparentes y difundidas para poder corregir las posibles desviaciones sobre los objetivos marcados con efectividad.

En los años de vigencia del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica no se ha cubierto la financiación total  prevista, tampoco se han desarrollado acciones estratégicas, tan importantes como pudieran ser la de Nanociencia y Nanotecnología y la de Biotecnología, ni se ha desarrollado la línea instrumental de Fortalecimiento Institucional destinada a apoyar a los organismos de investigación y organizaciones de apoyo a la transferencia tecnológica. 

Por todo esto, para UGT es necesaria la rápida constitución y una intervención más intensiva, en tiempos y en esfuerzos, del Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación con participación sindical en ella.

 El pasado 18 de Enero se constituyó la Mesa de Negociación del Convenio Colectivo del Profesorado de Religión de Enseñanza Secundaria.

FETE-UGT celebra con todo el profesorado de religión la consecución del mayor logro laboral alcanzado por estos trabajadores y trabajadoras, algo que venían demandando a lo largo de estos últimos veinte años.

FETE-UGT defendió en todas las mesas de negociación la necesidad de regular la situación laboral de estos trabajadores/as de la enseñanza, sin que esto suponga una contradicción a la posición crítica que UGT mantiene ante el Concordato entre Iglesia y Estado.

Este Convenio Colectivo Propio es fruto de un gran esfuerzo y una ardua lucha por parte de esta Organización. FETE-UGT presentó en marzo de 2010 un escrito solicitando la constitución de una Mesa de Negociación, pero al no obtener respuesta por parte de la Consejería de Educación, presentó un nuevo escrito de conciliación, ahora ante el SERCLA (órgano de mediación), solicitando formalmente un acuerdo, para evitar así la vía judicial. Después de mucha insistencia, la Administración se mostró dispuesta a negociar un Convenio Colectivo Propio, que recogiese los derechos y deberes del profesorado de religión y los amparase. 

A esta iniciativa de UGT, se adhirieron en su día otras organizaciones sindicales, así como la propia Administración. El Convenio Colectivo debe fijar definitivamente los derechos y deberes del profesorado de religión y deberá recoger, entre otras, las principales demandas de los trabajadores y trabajadoras, unas demandas que FETE-UGT ha defendido insistentemente: desempeño de otras funciones para favorecer la Jornada Laboral Completa; acuerdo de itinerancia y baremación del colectivo. 

De este modo, se podrán defender las condiciones laborales y salariales de un colectivo declarado Personal Laboral Indefinido, en base al RD 696/007.

 La Educación es un derecho constitucional a lo largo de toda la vida, y las  administraciones públicas tienen el deber de proporcionar este derecho a toda la población.

Sobre este principio constitucional y sobre nuestro ordenamiento jurídico en materia de Educación, establecido fundamentalmente en la LOE, y en el caso de Andalucía en la LEA, entiendo que todos los niños y niñas de Andalucía tienen el derecho y deberían de tener la oportunidad de estar escolarizados desde las 16 semanas hasta los seis años, en un sistema garantizado por la Administración Pública competente en materia de Educación en nuestra comunidad autónoma.

Para hacernos una idea de la magnitud de este Servicio Educativo, hagamos un primer repaso a las cifras que implica la Educación Infantil 0-3 años en Andalucía:

ξ Andalucía tiene una población estimada de 8.415.490 habitantes en 2011 según el avance el padrón municipal publicado por el INE en abril de este año. Teniendo en cuenta la pirámide de población, y que entre 0-3 años tenemos aproximadamente el 3,6 % de la población andaluza,en este año la población infantil de 0-3 años está estimada en unos 302.975 niños y niñas andaluces.

ξ La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía se ha comprometido a ofertar un número de plazas para el curso 2011/2012 que se corresponda con al menos el 33% de la población infantil de 0-3 años, esto supone que la oferta debería ser, en una primera estimación, al menos de 100.986 plazas. La Consejería se ha comprometido a ofertar al menos 100.000 plazas para este curso, lo que se correspondería con las previsiones que por parte de la CEJA se hicieron hace tres cursos.

ξ Hemos de recordar que para el curso 2010-2011 se han ofertado 91.784 plazas de las cuales se han cubierto 87.956, cubriendo una tasa de escolarización del 29.72 % de la población de entre 0-3 años.

Por recordar un poco decir que la LOE en su artículo 12.2 establece que, “la finalidad de la educación infantil es la de contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual del alumnado. Concebida como una etapa única, los dos ciclos de la educación infantil responden a una intencionalidad educativa, no necesariamente escolar, lo que obliga a los centros a contar desde el primer ciclo con una propuesta pedagógica específica.

No obstante, el carácter educativo no puede hacer olvidar que la asistencia del alumnado a los centros que imparten esta etapa educativa constituye uno de los mecanismos más eficaces para asegurar la conciliación entre la vida laboral y familiar de sus padres y madres. Por ello, a la labor educativa se añade, sobre todo en el primer ciclo, un importante papel de apoyo en las tareas de cuidado y crianza de sus hijos e hijas.“

En desarrollo de la LOE, en este sentido, es el Decreto 149/2009 el que regula la organización y funcionamiento de estos centros teniendo en cuenta, además de la educativa, otras funciones sociales, particularmente en lo que se refiere al calendario, horario y servicios que ofrecen.

Una vez que nos hemos situado en lo que supone este servicio, hemos de pensar en varias cuestiones:

-La primera cuestión es: ¿deben estar escolarizados todos los niños y niñas de 0-3 años?, esto es, ¿debe haber una escolarización universal?. Esto genera controversia en la sociedad, habiendo opiniones encontradas lo que lleva a las administraciones a establecer entre el 33% y el 40% la necesidad demandada en esta etapa educativa y, así dimensionan el servicio, lo planifican, lo ordenan y lo ofertan a la sociedad. Esto, obviamente genera desajustes por la variabilidad de la misma sociedad, especialmente en lo relativo a la conciliación de la vida familiar y laboral, que es lo que, desgraciadamente, supone el único motivo que muchas veces empuja a las familias a cubrir la plaza, en lugar del deseo de socialización y educación del hijo o hija.

-La segunda cuestión es: ¿deben estar garantizadas la financiación y la estabilidad de las plazas que se ofertan? En este momento, las plazas son  conveniadas con la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía con un precio público de 278 € por plaza. Cada plaza la abona a ese precio las  familias que la disfruten, y éstas, por medio del Plan de Familia, reciben el sufragio de un porcentaje de la misma en función de las bases de la convocatoria de dichas ayudas en relación a su situación y recursos. Hay que decir en este punto que las plazas no están garantizadas por la  Administración en caso de que la familia decida en cualquier momento dejar la plaza vacante. También hay que recordar que el servicio se establece por unidades de atención y requiere de unas instalaciones y un personal especializado.

- Otra cuestión es: ¿deben estar todos los centros públicos de este Servicio Educativo bajo la ordenación y control de la Administración Educativa de la Junta de Andalucía? Sobre esto hay también controversia, pues ayuntamientos, diputaciones y algunas administraciones del Estado tienen titularidad de centros públicos y administran personal y recursos de manera ajena a la Consejería de Educación, esto supone un desajuste de unos centros públicos con otros en recursos materiales y funcionales.

Tras esta exposición y teniendo conocimiento de que este Servicio tiene un seguimiento en la Mesa Sectorial de Educación Infantil en la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, sería bueno que:

- En primer lugar, se estableciera un precio público de la plaza para el Servicio. Precio que supusiera la cobertura de los costes reales. En una primera estimación entiendo que el coste real de la plaza es aproximadamente de unos 420 €, y que, en consecuencia, el precio público no debería estar por debajo de esta cifra.

- En segundo lugar, se establecieran unidades de Servicio sin ánimo de lucro y estables y garantizadas por la Administración con competencias educativas en la Comunidad Autónoma. Esto supone que esta administración asumiría el déficit que generan las plazas que se abandonan a lo largo del curso y que a los centros les es imposible cubrir. Hemos de pensar que estén cubiertas, o no, las plazas, las instalaciones no sólo han de amortizarse, sino también han de mantenerse, el personal debe tener garantizado su puesto de trabajo, la estabilidad laboral y salarial es un principio básico para poder tener un personal debidamente cualificado como el que ya se exige y presta sus servicios en estos centros.

- En tercer lugar, se tendiera a un servicio sufragado íntegramente por la Administración con competencias educativas en la Comunidad Autónoma, siendo su financiación a través de impuestos por los PGE o los Presupuestos de la Comunidad Autónoma. Entiendo que el Copago es un sistema injusto y que antepone el carácter de necesidad asistencial al carácter educativo de esta etapa educativa. Me explico: las familias en las que  trabaje uno de los padres o ninguno tienen menos derecho a una plaza que aquellas familias en las que trabajen ambos cónyuges; este es un criterio que discrimina a los niños y niñas en función de la condición laboral de los padres y de las supuestas mayores necesidades de conciliación familiar y laboral de los mismos. Me pregunto al respecto, ¿un ‘amo’ o ‘ama’ de casa no trabaja y no necesita conciliar nada y no necesita formación y tiempo para realizarla?, ¿una familia con dos sueldos tiene que tener mayor poder adquisitivo que una con un solo sueldo?, ¿es lo mismo para todas las economías familiares el abono del precio  público, que es lo máximo que se paga en los centros de convenio? ¿No sería mejor que este servicio se sufragara por medio de los impuestos en los que toda la sociedad participara solidariamente en función de sus rentas? Así, todos los ciudadanos y ciudadanas pagarían vía impuesto IRPF de forma progresiva, y no como se hace ahora con una injusta ‘tasa’ que es lo que supone, en definitiva, el sistema de Copago.

Concluyo este breve análisis, moviendo a la reflexión sobre el tipo de Servicio Educativo 0-3 años que queremos para nuestros niños y niñas en Andalucía.

En mi opinión deberíamos tender a un servicio, que si bien deba estar tasado por su demanda social a un oferta en torno a un 40 % de la población real, esté debidamente planificado, ordenado, financiado y estabilizado, con control directo de la escolarización y financiación por parte de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.

Igualmente, se debería de profundizar en otro modo de financiación con fondos públicos que no fuera el del Copago, hay otros modelos de mayor eficacia  presupuestaria y de mayor eficiencia en el gasto público y que garantizan mejor el ajuste de la oferta y la demanda, así como, el mantenimiento y la calidad en el empleo; es cuestión de trabajar en ello.

Por último, decir que no he mencionado hasta ahora la situación económica tan adversa por la que pasamos, puesto que los trabajos que se pueden ir haciendo no conllevan necesariamente incrementos presupuestarios significativos. Recordar que el 70% de los costes de las plazas los cubre la  Administración, según información dada en la Mesa Sectorial de Educación Infantil de la CEJA; si a eso le sumamos una necesaria ordenación racional de los recursos y una ineludible reducción en los gastos de construcción de nuevas Escuelas Infantiles, (no hay demanda suficiente que justifique que se sigan construyendo centros), estaríamos en disposición de contar, sin incremento presupuestario, con más fondos para el sostenimiento del Servicio… No es que esto sea la solución definitiva, pero si es un principio para la Negociación que nos haga concebir un Servicio Sostenido con Fondos Públicos y Planificado, Ordenado e intervenido desde la Administración con competencias en materia educativa en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Sería poner las bases para que cuando mejore la situación económica podamos desarrollar un Sistema Educativo integral desde los 0 años para toda la población andaluza.

Por Francisco Beltrán Sánchez.

 La Conferencia Sectorial de Educación se reunió el pasado jueves 26 de enero, bajo la presidencia del propio ministro de acuerdo con la información publicada por la prensa, y entre los asuntos tratados hay uno que tiene para FETE-UGT un interés destacado, como es la posible Oferta de Empleo Público por parte de las Administraciones educativas.
Según los datos provisionales que maneja esta organización, durante el año 2011 se jubilaron más de 10.000 docentes, lo que supone un número importante que,  independientemente de otras medidas, deberá ser cubierto con profesorado interino. Los recortes en número de puestos de trabajo no van vinculados directamente con el número de jubilaciones, sino que se deben a la supresión de programas o al aumento de horas lectivas, con alumnado, del profesorado.

FETE-UGT hace un llamamiento a la responsabilidad de los miembros de la Conferencia Sectorial para que sean capaces de sacar Ofertas de Empleo Público importantes y evitar así un aumento del empleo interino en la enseñanza.

Diálogo Social

El Comité Confederal ha valorado el contenido del Preacuerdo alcanzado por las organizaciones sindicales UGT y CCOO, y las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME, sobre “Estructura de la negociación colectiva”, “Flexibilidad interna”, “Inaplicación negociada en la empresa de determinadas condiciones de trabajo pactadas en los convenios colectivos sectoriales”, y sobre “Propuesta de acuerdo salarial”, en el marco del proceso actual de diálogo social sobre materias que se corresponden con el ámbito propio de negociación bilateral de estas organizaciones, y en el contexto del proceso de revisión del “Acuerdo Interconfederal para el Empleo y la Negociación Colectiva 2010-12”.

En el Preacuerdo se recogen los criterios salariales que informarán la negociación colectiva en el período 2012-2014, y recomendaciones sobre la estructura de la negociación colectiva y la flexibilidad interna, después de las modificaciones normativas operadas en el marco legal en los años 2010 y 2011 (Ley 35/2010, y RD-ley 7/2011, entre otras).

Con anterioridad, se ha llegado a un acuerdo sobre renovación del Acuerdo Confederal de Solución Autónoma de Conflictos que sustituirá al IV Acuerdo de Solución Extrajudicial de Conflictos (ASEC IV), en materia de “formación profesional para el empleo”, “absentismo laboral y mutuas”, “racionalización de festivos”, “jubilaciones anticipadas y medidas de prejubilación”, así como, sobre “bonificaciones y reposición de prestaciones en los ERES”, que el Comité Confederal valora positivamente.

Asimismo, el Comité Confederal ha sido informado sobre la falta de acuerdo en materia de “Contratación, intermediación y flexibilidad externa”, en lo concerniente a “las altas y bajas por incapacidad temporal por contingencias comunes en las Mutuas”, y sobre el “Fondo de Capitalización de los trabajadores”. El Comité Confederal ha analizado el contexto económico en el que se desarrolla el proceso de diálogo social y los signos preocupantes de empeoramiento de los distintos indicadores económicos que se viene observando desde el pasado año 2011. El agravamiento de la situación económica y del empleo se acredita no ya solo por el paulatino estancamiento de la actividad económica, sino por la nueva recaída de nuestra economía en una nueva fase recesiva, con resultados estimados en un 0,3% de caída en el último trimestre de 2011 según el Banco de España, situación que, previsiblemente, se mantendrá en signos negativos durante gran parte, al menos, del presente año 2012, aunque con perspectivas también negativas para el año 2013.

En este contexto, y como ya se pronunció el 5º Comité Confederal Ordinario de la organización, el objetivo prioritario de la negociación colectiva debe ser el del empleo, y atendiendo a este objetivo básico, la renovación del AENC debe considerar la extensión temporal de la política de crecimiento moderado de los salarios compatible con la necesidad de impulsar el consumo y la actividad económica a través de la capacidad de compra de los trabajadores, el compromiso de contención de los beneficios empresariales, la inversión de los excedentes en el tejido productivo, un firme control de los precios y una política fiscal integral conforme a las propuestas del “Pacto por el Empleo y la Cohesión social”.

También se analizó por este Comité la problemática relativa a las incidencias de la negociación colectiva pendiente desde la suscripción del AENC para el período 2010-12, que motivó el “Compromiso de actuación” entre CEOE y CEPYME y CCOO y UGT sobre esta materia, de fecha 28 de octubre de 2011.

Estructura de la negociación colectiva

El Preacuerdo alcanzado sobre “Estructura de la Negociación Colectiva” reconoce la competencia sectorial para desarrollar las reglas de articulación y vertebración (de ámbito estatal, o, en su defecto, de ámbito autonómico), sin alterar los principios que rigen en materia de concurrencia de los convenios, y de manera plenamente acorde con la vigente ordenación legal sobre la negociación colectiva.

Asimismo, mediante consideraciones y criterios de carácter obligacional, se reconoce, de una parte, la necesidad de preservar el ámbito provincial de negociación por su cercanía a la realidad de la empresa y por ser el ámbito de negociación que proporciona una mayor cobertura a las empresas y a los trabajadores, y en segundo lugar, la capacidad de los convenios sectoriales para impulsar la negociación colectiva en la empresa, particularmente en las materias de jornada, funciones y salarios, con pleno reconocimiento de que los acuerdos o pactos deben ser acordados por las organizaciones sindicales legitimadas o por la representación legal de los trabajadores, en detrimento de la intervención de las “comisiones ad hoc”.

Flexibilidad interna

El Preacuerdo sobre “Flexibilidad interna” recoge recomendaciones para la negociación colectiva que permitan ampliar las posibilidades que otorga el marco legal para el impulso de medidas complementarias que faciliten la adaptación y renovación de las condiciones de trabajo en materia de tiempo de trabajo, funciones y estructura salarial, a la realidad cambiante de las empresas, de manera que redunde en la estabilidad y en la calidad del empleo, y en detrimento de las medidas de flexibilidad externa, que en el Acuerdo se pretende desincentivar por considerar que la extinción de la relación laboral no es el instrumento idóneo para adaptar la situación de la empresa a las circunstancias de la coyuntura.

El impulso de las medidas de flexibilidad se enmarca en la necesidad de desarrollar las previsiones normativas sobre los contenidos mínimos de los convenios colectivos relativos a la regulación de los criterios, causas, procedimientos, períodos temporales y períodos de referencia para la movilidad funcional y la distribución irregular de la jornada en la empresa, y en consecuencia, de manera negociada con la representación sindical o unitaria, lo que se completa con la intervención de la comisión paritaria en caso de desacuerdo, y la aplicación de los mecanismos de solución autónoma de conflictos de aplicación en el ámbito de la negociación de la flexibilidad.

En tal sentido, el Preacuerdo se fundamenta en la no discrecionalidad del empresario en la adopción y aplicación de las medidas de flexibilidad, sino en un sistema compartido por empresarios y trabajadores, que deberá ser negociado en todos los casos, con la representación legal o sindical, sin perjuicio de que los trabajadores atribuyan su representación a una comisión constituida en la forma indicada en el artículo 41.4 del ET.
Las medidas de flexibilidad interna que Preacuerdo recoge con el carácter de recomendaciones para los negociadores de los convenios colectivos, distingue
entre las medidas de carácter ordinario, de carácter básico y que según las características de los ámbitos sectoriales y empresariales, deben ser aplicables como cauces habituales de la flexibilidad en las empresas, y las medidas de carácter extraordinario, que sólo podrán llevarse a efecto si se dan las circunstancias que lo justifican y de manera acotada en el tiempo, por responder a necesidades especiales o coyunturales para las que pudiera no ser eficaces las medidas ordinarias de flexibilidad.

En último término, sólo se podrán modificar las condiciones de trabajo en materia de funciones o tiempo de trabajo, fuera de las condiciones y límites señalados, por los cauces vigentes en materia de modificación sustancial de las condiciones de trabajo.

Tiempo de trabajo

Respecto del tiempo de trabajo, el Preacuerdo recomienda, con carácter ordinario, la distribución irregular de un 10% de la jornada, que podrá ser inferior o superior en función del ámbito de negociación, así como la disponibilidad de una bolsa de 5 días (40 horas) a favor del empresario para alterar la distribución prevista en el calendario laboral, y que en ambos casos debe posibilitar la mejora de la productividad y estar acompañadas de garantías y seguridad para los trabajadores como la conciliación de la vida familiar, laboral y personal.

En el caso de que existan razones extraordinarias de carácter temporal, se podrá pactar una distribución irregular en un tanto por ciento superior al porcentaje ordinario o normal de distribución irregular de la jornada de trabajo, o una bolsa de horas que permita una modificación mayor del calendario laboral, siempre que se fundamente, en ambos casos, en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Si la modificación del tiempo de trabajo va a afectar al tiempo que reste del convenio, deberá promover el indicado procedimiento sobre modificación sustancial de las condiciones
de trabajo.

Movilidad funcional

En el detalle del Preacuerdo sobre “movilidad funcional”, se apuesta por el sistema de clasificación profesional basado en grupos profesionales, descartando, sin perjuicio de las medidas transitorias de adaptación, la categoría profesional a estos efectos.
Con carácter general, las distintas figuras de movilidad funcional, ya de carácter ordinario, ya extraordinarias, tienen como límites la necesidad de garantizar la información, la idoneidad y formación sobre las nuevas funciones y el respeto a la dignidad personal y el desarrollo profesional.

La aplicación ordinaria de medidas de movilidad funcional no tendrá otros límites que la pertenencia al grupo profesional y la tenencia de las  titulaciones requeridas para el ejercicio de la prestación laboral.

Si fuera necesario un marco más flexible en la materia, será preciso que concurran causas que justifique la encomienda de funciones distintas a las del grupo profesional de pertenencia, recomendando que no se superen los límites temporales establecidos actualmente en la legislación vigente, debiendo garantizarse los derechos retributivos, de promoción, y de no aplicación de la causa de despido por ineptitud sobrevenida que también recoge el marco legal, y que en caso de que se proponga la modificación de estos límites legales, solo pueda llevarse a cabo por los mecanismos de modificación sustancial de las condiciones de trabajo.

Flexibilidad en materia salarial

El Preacuerdo recoge y reitera recomendaciones a la negociación colectiva sobre la racionalización de las estructuras salariales, la definición y criterios sobre adecuación de la estructura salarial a la realidad sectorial y de la empresa, la necesidad de que en tales estructuras se recojan complementos variables, que deben definirse con claridad y de manera objetiva, y de forma que un determinado porcentaje de la cuantía salarial se haga depender de la situación y perspectivas de la empresa, y que tales partidas puedan adaptarse y adecuarse en la empresa a través de los procedimientos
previstos en el marco legal aplicable.

Se establece la recomendación de que los convenios colectivos impulsen la flexibilidad en materia salarial en la empresa, y que ésta deberá adecuarse en la empresa a través de los instrumentos de información y participación de la representación de los trabajadores.

Inaplicación negociada en la empresa de determinadas condiciones de trabajo pactadas en los convenios colectivos sectoriales

El Preacuerdo recoge una medida como es la de la “Inaplicación negociada en la empresa de determinadas condiciones de trabajo pactadas en los convenios
colectivos sectoriales”, que se fundamenta en la actual coyuntura económica y en el altísimo nivel de desempleo, lo que la hace excepcional y con un límite temporal delimitado por el acuerdo, y que se justifica en la necesidad de evitar la evolución negativa de la empresa que pudiera afectar al mantenimiento del empleo.

Se trata de medidas negociadas, y que, por tanto, no pueden ser adoptadas discrecional y unilateralmente por el empresario, sino que requiere del acuerdo
de la representación legal de los trabajadores, y en su defecto, de la sindical legitimada para la negociación de los convenios (más representativos o representativos en el sector), salvo que se atribuya su representación a una comisión designada conforme al artículo 41 del ET, y a falta de acuerdo, se precisará la intervención de la comisión paritaria, y los procedimientos de solución autónoma de conflictos. Se recogen medidas que no son de aplicación al descuelgue salarial que tiene su marco legal y convencional específico.

Las causas que puedan posibilitar la inaplicación en materia de horario y distribución de la jornada de trabajo, régimen de trabajo a turnos, sistema de remuneración, sistema de trabajo y rendimiento, y sobre funciones en cuanto exceda de los límites para la movilidad funcional, deben ser concretadas en la negociación colectiva sectorial, a través de parámetros objetivos y que puedan ser documentados de manera fidedigna a la representación de los trabajadores.

Asimismo, la inaplicación de la regulación del convenio correspondiente debe estar acompañada, necesariamente, de la regulación sustitutoria que regule las condiciones de trabajo, y contemplar la programación de mecanismos de recuperación de las condiciones inaplicadas, y la inaplicación no podrá suponer el incumplimiento de las previsiones del convenio sobre eliminación de las discriminaciones retributivas por razones de género.

Propuesta de acuerdo salarial

El Comité Confederal ha analizado las causas incorporadas a la propuesta de acuerdo salarial y que justifican los incrementos salariales para el período 2012-14, entre los que se encuentra la situación de la economía española y de la situación económica  internacional, particularmente de la Zona Euro, y la necesidad de acometer medidas excepcionales ante lo prolongado de la crisis económica, y también ante las perspectivas de agravamiento de las previsiones económicas, la entrada en una nueva etapa recesiva, y la incidencia que puede tener en el empleo, especialmente en España, ante la elevada tasa de desempleo.

Las organizaciones que apoyan el acuerdo salarial para los años 2012, 2013 y 2014, consideran necesario impulsar medidas que permitan mejorar la cuota de mercado interna y externa de los bienes y servicios españoles, para lo que es necesario el esfuerzo de moderación compartido por el conjunto de las rentas, y por tanto, de los salarios, de los beneficios empresariales, y de las remuneraciones de altos directivos y ejecutivos, a lo que debe unirse, como condición necesaria, una contención estricta de los precios que no haga vanos los sacrificios de trabajadores y empresas en este período.

Con un alcance temporal delimitado por los años de vigencia del principio de acuerdo, y en atención a las condiciones de especial dificultad que han caracterizado y van a informar la situación económica española, se han acordado criterios salariales adecuados a los exiguos márgenes que la coyuntura ofrece a los negociadores de los convenios, sin que ello suponga renunciar en el futuro a los criterios de determinación salarial recogidos en el AENC para el periodo 2010-12 y en anteriores ANC, que tan eficaces resultados produjeron en las años anteriores como muestra de un crecimiento moderado de los salarios sin pérdida de poder adquisitivo de los salarios, junto al reparto de la productividad. 

En tal sentido, se mantiene en el acuerdo la referencia a la evolución de los precios como parámetro de comparación necesario mientras que no se moderen aquellos en términos que impidan la pérdida de competitividad de nuestros productos con el exterior, y en la medida que el sacrificio ante la crisis no debe recaer exclusivamente sobre las rentas salariales, quedando los beneficios empresariales a salvo de cualquier incremento desmesurado en los precios.

Por estas razones, junto con los incrementos iniciales pactados para los años de vigencia del acuerdo: 2012, el 0,5 %; 2013, el 0,6 %, y en 2014, del 0,6, o al 1 %, o al 1,5 %, según que el crecimiento del PIB en el año anterior, sea, respectivamente, inferior al 1 %, entre el 1 y el 2%, e igual o superior al 2 %, se ha incluido una cláusula de actualización salarial, que tiene por finalidad impedir que desviaciones superiores al objetivo de inflación del Banco Central Europeo del 2 % deban soportarse por los trabajadores más allá de la repercusión y sacrificio inicial producido por los moderados incrementos salariales pactados a cambio del objetivo del empleo.

Que el acuerdo incorpore el reconocimiento de las desviaciones a partir del citado objetivo del BCE, supone un límite adaptado a la coyuntura sobre el máximo de pérdida de poder adquisitivo que en las condiciones actuales se estaría dispuesto a asumir. Para evitar la fluctuación de los niveles de inflación general española y europea, y la repercusión que la rúbrica de carburantes pudiera tener en el alza de los precios, para determinar la diferencia con el objetivo de inflación se calculará la media entre las cifras española y europea, y se descontará la rúbrica de los combustibles y carburantes si de año a año se produce un incremento superior al 10 %.

Para el año 2014, año para el que el acuerdo prevé la inclusión en los convenios de cláusulas adicionales de actualización de los salarios basadas en la evolución de indicadores económicos asociados a la marcha de la empresa, la recuperación derivada de la cláusula de actualización será del 100 % en el caso de que no se hubiese pactado un componente adicional de salario variable, y del 50 % en caso de que sí se estipulen estas retribuciones.

El acuerdo contiene, como tenía el anterior AENC para el período 2010‐12, una recomendación para los negociadores de los convenios con vigencia para los tres próximos años, de que tengan en cuenta el objetivo de moderación salarial del acuerdo, no obstante el respeto a la autonomía negocial de las partes.

Las propuestas sindicales: La jornada europea por el empleo y la justicia social

Atendiendo a la propuesta de la Confederación Europea de Sindicatos sobre la celebración de una jornada de movilización europea el día 29 de febrero de 2012 con ocasión del Consejo Europeo de los días 1 y 2 de marzo de 2012, el Comité Confederal reitera los términos de la resolución aprobada en el 5º Comité Confederal Ordinario de 23 y 24 de noviembre de 2011, sobre la necesidad de impulsar en Europa un proceso de diálogo social con la citada  Confederación Europea de Sindicatos dirigida a alcanzar un euro‐acuerdo por el empleo y el crecimiento económico, y el cambio de las políticas de la UE para el impulso de la actividad económica y del empleo. Asimismo, reitera para España, las alternativas sindicales recogidas en el “Pacto por el Empleo y la Cohesión Social” de 7 de noviembre de 2011, y que fueron precedidas del documento de fecha 18 de agosto de 2011 “para la generación del empleo en el centro de la política económica”, en los que se ponía la atención sobre el bloqueo del crédito a la actividad productiva y al consumo, el control de los precios, la necesidad de un pacto global de rentas, una nueva política fiscal y de suficiencia en los recursos públicos, la necesidad de mantener la protección social y los derechos laborales, y la necesidad de atender al empleo de los jóvenes y asegurar la protección por desempleo.

En este sentido, el Comité Confederal considera que las medidas de política fiscal aprobadas por el Gobierno recientemente no respetan los principios de capacidad económica y progresividad, al hacer recaer sobre los salarios y pensiones el mayor esfuerzo de contribución al erario público, sin que ello tenga correspondencia en los grandes patrimonios ni en los mayores niveles de renta, o en las rentas de capital.

De igual forma, el Comité Confederal señala que en el anunciado inminente desarrollo normativo de las previsiones del artículo 135 de la Constitución española sobre los límites de déficit estructural y de volumen de la deuda pública que va a producirse por iniciativa del Gobierno, se tenga en cuenta el reconocimiento del “suelo de gasto social” para no poner en cuestión la sostenibilidad económica y social, y en consecuencia, la cohesión económica y social en España, que son valores sustanciales del Estado Social y de Derecho, y que está siendo puesto en duda con la radicalidad de los ajustes del déficit público. En cumplimiento del mencionado mandato constitucional, los poderes públicos deben reconsiderar estas políticas de ajuste que inciden en el declive económico y que están conduciendo a que la economía entre en una nueva fase recesiva, ante la pasividad de las autoridades comunitarias y nacionales, cuando no el beneplácito de quienes han visto en tales circunstancias la oportunidad de arrancar para el mercado, y la esfera de los negocios, bienes, servicios y prestaciones públicas que conforman el Estado del Bienestar.

El Comité Confederal, analizadas las causas que han justificado el Preacuerdo alcanzado entre UGT, CCOO, CEOE y CEPYME, valora positivamente los términos acordados y por 160 votos a favor, 4 en contra y 3 abstenciones, mandata a la Comisión Ejecutiva Confederal para que proceda a suscribir el citado Acuerdo, en todos y cada uno de los compromisos en él reflejados, y a la inclusión de estos en el marco del AENC 2012-14 que se estipule por las partes firmantes para dar cobertura a los distintos preacuerdos.

El programa Andalucía Acredita ha inscrito en su primera convocatoria unas 37.000 personas, que buscan conseguir una acreditación oficial de la experiencia profesional que tienen, acunque no poseen título oficial. Al final de la convocatoria, solo 12.000 de estos profesionales obtendrá dicha acreditación.

Según informa Europa Press, la consejería de Educación afirma que los sectores más destacados son los relacionados con la Ley de Dependencia. De las 37.000 solicitudes, 18.000 pertenecen a aquellas que pretenden conseguir la cualificación profesional en Atención sociosanitaria a Personas en el Domicilio, especialidad para la que se convocan 4.900 acreditaciones. Las siguientes acreditaciones más solicitadas son: Atención sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales (que convoca 3.000 acreditaciones), Transporte sanitario, con 4.200 solicitudes (de las que se convocan 1.000 reconocimientos), Educación Infantil, con 3.800 peticiones para 2.400 acreditaciones y, Atención sanitaria a Víctimas y Catástrofes, con 2.550 solicitantes para 700 acreditaciones de la Junta.

El proceso de obtención de acreditación contará con tres fases: la primera será la recogida de documentación individualizada, que evidencie la experiencia profesional por parte de un equipo de asesores. En la segunda fase se evaluará la expereincia profesional mediante entrevistas, pruebas, simulaciones o cualquier otra actividad que se determine por parte de la comisión de evaluación. Y finalmente, la última fase es la de acreditación y registro de la competencia profesional, es decir, el proceso administrativo para formalizar oficialmente el reconocimiento de la competencia profesional.

El 30 de enero se celebra el día escolar de la Paz y la no violencia. Por este motivo, la Federación de Enseñanza de UGT ha publicado el siguiente decálogo:

1.- La Educación para La Paz debe tener como objetivo fomentar actitudes y valores que rechacen la violencia, desarrollando estrategias para resolver los conflictos de forma positiva.

2.- Educar para la paz es acercar la escuela al mundo y el mundo a la escuela.

3.- Entendemos que la Educación para la paz debe ser tanto una filosofía como una práctica presente, de forma transversal, en el conjunto de las acciones que se realizan en el centro. Definiendo su intencionalidad en el Proyecto Educativo de Centro, en el currículo escolar y en el plan de convivencia, de forma que el clima en el que se desarrolle todo el proceso educativo favorezca la solidaridad, la afectividad, la cooperación, el respeto, el diálogo,...

4.- Educar para la Paz significa, por parte de la escuela, una intervención directa, consensuada y sistemática que ayude a la experimentación y vivencia de relaciones interpersonales, cooperadoras y abiertas, donde los alumnos y alumnas aprender a reconocer que hay otras maneras, que pensar, ser y actuar diferente no representa una amenaza, sino el resultado de la riqueza de la diversidad.

5.- La educación para la paz fomenta en los alumnos y alumnas la capacidad para resolver conflictos, detectando situaciones injustas y proponer soluciones para superar estas situaciones.

6.- La Educación para la paz se relaciona directamente con la defensa de los Derechos Humanos reconocidos internacionalmente, favoreciendo una actitud crítica, solidaria y comprometida frente a situaciones conocidas que atenten contra ellos, facilitando situaciones cotidianas que permitan defenderlos desde las acciones más próximas.

7.- Desde la perspectiva de la educación para la paz, los centros educativos participan activamente en la concreción de actividades de colaboración, intercambio desarrollo y solidaridad con otros pueblos y culturas, colaborando con organismos institucionales y otras organizaciones sociales que potencien relaciones de diálogo,
de ayuda, de paz, de armonía y de denuncia de situaciones injustas.

8.- Las Educación para la paz está directamente vinculada a la realidad multicultural presente en los centros educativos. Aprender a convivir desde el respeto a la diversidad, el reconocimiento mutuo, la lucha contra las situaciones racistas y la igualdad de derechos son los principios que deben definir una educación de calidad que nos enseñe a convivir en un mundo global.

9.- La educación para la paz enseña a reconocer y afrontar las situaciones de conflicto desde la reflexión serena sobre sus causas, tomando decisiones negociadas para solucionarlas de una forma creativa, tolerante y no violenta.

10.- Educar para la paz no supone reprimir la agresividad sino canalizarla en beneficio de cada persona y de la colectividad.

Los docentes andaluces contarán, a partir del mes de febrero de la Tarjeta del Profesorado. Se trata de un documento en el que se incorpora la firma digital y que permitirá agilizar los trámites y la comunicación con la administración educativa mediante el portal del Docente. También permitirá que los profesionales de la enseñanza andaluces cuenten con acceso gratuito a museos y biblioteca públicos.

Algunos de los espacios a los que podrán acceder los docentes gratuitamente serán: el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla o la Alhambra y el Museo Picasso de Málaga próximamente.

Según el consejero de Educación, Francisco Álvarez de la Chica, se trata de una antigua reivindicación y "por primera vez, los profesores tendrán  la hoja de servicio en línea, podrán consultar sus nóminas, su certificado de retenciones o el borrador de la renta" y todo ello sin necesidad de certificado digital y con la misma medida de confidencialidad y seguridad que la firma digital.

 Ante la confusión reinante por la aplicación indiscriminada de todo tipo de recortes en las universidades y las numerosas consultas que se están recibiendo en FETE-UGT, este sindicato ha solicitado informe jurídico sobre “los efectos que sobre las  universidades públicas españolas pueden tener diversos artículos del Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público”, y más concretamente sobre posibles aportaciones a planes de pensiones, compensaciones por jubilación anticipada, convocatoria de plazas de profesorado y tasa de reposición.

En respuesta, los letrados consultados formulan las siguientes consideraciones:

PRIMERA.- El art. 2 del RD-L 20/11, en su apartado uno incluye como sector afectado por la norma a las Universidades, tanto de competencia del Estado como de las Autonomías.

SEGUNDA.- El art. 2 en su apartado tres impide, durante el ejercicio 2012, realizar aportaciones a planes de pensiones de empleo o a contratos o seguros colectivos que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación.

TERCERA.- El art. 3 en su apartado uno impide la contratación de nuevo personal salvo el incurso en ejecución de procedimientos selectivos de ejercicios anteriores. Igualmente tiene la naturaleza de norma de carácter básico del Estado, (art. 149. 1. 13ª CE). Excluye igualmente la consolidación de personal interino o temporal que se encuentre desempeñando su puesto con anterioridad a 1 de enero de 2005 (Dº. Tª. 4ª del EBEP). En su apartado dos permite la contratación de personal temporal en casos de necesidades urgentes e inaplazables.

CUARTA.- Igualmente el art. 3, apartado cinco de la norma citada, las limitaciones establecidas sobre la oferta de empleo en las administraciones no afecta, (apartado 3. cinco A) en el ámbito docente a las administraciones públicas con competencias educativas para el desarrollo de la Ley Orgánica 2/2006, de Educación, fijando una tasa de reposición del 10%.

En consecuencia, y según lo expuesto, nuestros letrados interpretan:

a) El RD-L 20/2011, impide que las Universidades públicas hagan aportaciones a planes de pensiones durante el ejercicio de 2012.

b) No impide la compensación económica por jubilación anticipada, salvo que suponga incremento de gastos de personal en relación a los vigentes a 31 de diciembre de 2011, art. 2. dos del RD-L.

c) No podrán convocar plazas docentes de personal fijo. Únicamente cabe la contratación de personal temporal para los casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, (art. 3. dos).

d) La tasa de reposición del 10% se refiere a la enseñanza en los niveles previos a la Universidad.

Evidentemente, la aplicación literal de lo anterior, particularmente en lo relativo a la convocatoria de plazas docentes de personal fijo, nos puede conducir a una situación dramática, porque supone “congelar” las promociones, cuestión especialmente delicada en los casos de PDI cuyos contratos finalizan este año.

A este sindicato le consta que algunas universidades son conscientes del tema y están informando, mientras que otras no.

FETE-UGT considera que es importante que el personal al que le puedan afectar estas medidas esté informado convenientemente y por supuesto, deben buscarse soluciones urgentes. Por ello proponen que la mesa sectorial de universidades sea convocada con carácter de urgencia. No se puede esperar a que se planteen los primeros despidos.

 La Federación de Enseñanza de UGT manifiesta su preocupación por los anuncios de “reformas educativas” realizados por el ministro de Educación, José Ignacio Wert, en la Conferencia sectorial celebrada el pasado 26 de enero.

Este sindicato lamenta que los responsables educativos de las comunidades  autónomas (excepto los de Andalucía, Euskadi, Canarias y Madrid) no consideren una prioridad la creación de empleo público en el sistema educativo y no vayan a convocar oposiciones este año. La congelación de oferta de empleo público tendrá repercusiones importantes en las aulas ya que los recortes de profesorado implican incrementos de ratios, desaparición de refuerzos y programas, etc, y perjudican la calidad de la enseñanza pública.

En estos momentos de dificultades económicas, las administraciones educativas tienen que liderar la creación de empleo. FETE-UGT siempre ha defendido la necesidad de abordar las necesidades de la enseñanza postobligatoria con un análisis que permita adoptar medidas para que el alumnado tenga una mejor preparación académica y una mayor formación que le facilite el acceso a la vida laboral a puestos de trabajo más cualificados y mejor retribuidos.

En este sentido, el anuncio de transformar el cuarto de la ESO en primero de Bachillerato cambia profundamente la organización de las enseñanzas obligatorias y postobligatorias. Supone la pérdida de un curso de enseñanza obligatoria y una segregación del alumnado a los 15 años. Además, la reforma anunciada de alargar un año el bachillerato genera dudas sobre la concertación de la postobligatoria.

La Federación de Enseñanza de UGT ha venido planteando la necesidad de flexibilizar el Bachillerato en dos o tres años, dependiendo del proceso de aprendizaje del alumnado. Si hay que elegir, nunca se debería perder el cuarto de la ESO, que es un tronco común para todos los alumnos.

Con respecto a la reforma de FP que se anuncia, UGT considera que los cambios introducidos en la Ley de Economía Sostenible (LES) este último curso, y que todavía no se han puesto en práctica, ya iban orientados a adaptarse a las necesidades actuales del sistema productivo y al empleo de los jóvenes. El aviso de cambios en la FP genera inquietud, y se espera a conocer los detalles para hacer una valoración.

FETE-UGT considera que las reformas que viene anunciando el PP en materia educativa siguen sin tener ninguna concreción y están creando confusión por no saber cómo piensan llevarlas a cabo. El sindicato reclama rigor y serenidad a la hora de analizar las consecuencias que pueden derivarse de unas reformas, que, sobre todo, han de contar con el consenso de la comunidad educativa.

El ayuntamiento de Dos Hermanas está solucionando el problema que surgió el pasado mes de diciembre cuando en dos nuevas aulas del colegio Poetas Andaluces se percibió que los trabajos de aislamiento habían provocado un fuerte olor a naftaleno, un gas que procede del material con el que se impermeabilizó la cubierta del edificio principal.

La concejal de Educación e Igualdad del ayuntamiento nazareno señaló que seguirán los trabajos en el centro, esta vez localizados en la biblioteca y un aula de la planta alta, con el fin de evitar cualquier tipo de incidencia posterior. 

A pesar de que existen cuatro informes que indican que el nivel de gas es tan bajo que no perjudica a la salud, algunos padres se han quejado de que sus hijos presentan diversos síntomas como dolor de cabeza, respiratorios o conjuntivitis que achacan a los efectos del naftaleno.

Hoy se celebra la primera conferencia sectorial de Educación con el actual Gobierno popular. Con la presidencia del ministro del ramo, José Ignacio Wert y los representantes educativos de todas las comunidades autónomas, de las cuales 11 son gobernadas por el Partido Popular, se desarrolla esta reunión donde se ha intentado convencer a Andalucía para aplazar su convocatoria de oposiciones a 2013.

 El pasado año también se limitó el número de plazas de empleo público a convocar por parte del gobierno socialista, sin embargo el ministro de Educación entonces estaba a favor de que todas las regiones tuvieran su oferta de empleo público, aunque fuera reducida. La tasa de reposición el pasado año estaba en el 30%, mientras que este año se ha bajado hasta el 10% de jubilaciones.

La posición de la Junta de Andalucía se repite este año en su convocatoria de empleo público, defendiendo un límite superior al impuesto por el gobierno de Rajoy. Además, la Junta alega que la convocatoria es anterior al cambio realizado por Rajoy y que Andalucía tiene un número mayor de escolares y 30.000 opositores preparándose para acceder a una plaza como funcionario de carrera en la docencia pública.

Los gobiernos autonómicos del PP se muestran de acuerdo en la no convocatoria de oposiciones durante este año y además han solicitado al nuevo ministro de Educación,  José Ignacio Wert,  que convenza al resto de autonomías para que haga lo mismo, con el fin de evitar un "efecto llamada" y que los aspirantes a profesor de una comunidad se muden para opositar en otra.

En este contexto, se plantearía la retirada de oferta pública de la Junta de Andalucía, que se aprobó en Consejo de Gobierno el pasado mes de diciembre. Sin embargo, según el consejero de Castilla La Mancha, Marcial Marín, la petición que se hará desde el ministerio será la de aplazar la oferta de plazas hasta 2013. Pero no es probable que Andalucía acepte esta propuesta, porque la convocatoria se ha publicado ya en BOJA y hay multitud de docentes que se están registrando en el examen, y porque las federaciones de enseñanza de los sindicatos han apoyado el esfuerzo de la Junta por preservar la plantilla. Otra razón de peso es que la no convocatoria supondría agravar el desequilibrio entre el número de alumnos y el de profesores, que es de los mayores del país, ya que al contrario de lo que ocurre en otras comunidades, en Andalucía crece el número de escolares, aportándose uno de cada tres nuevos alumnos del sistema educativo nacional.

Junto a todo lo anterior, la Junta de Andalucía lleva años defendiendo la educación pública y la convocatoria de oposiciones simbolizan esta defensa, como dejó claro el consejero de Educación Francisco Álvarez de la Chica en la entrevista publicada en El Correo de Andalucía, donde afirmó: "si lo que quiere el Gobierno es que quitemos profesores, no lo haremos. Tendrá que recurrir".

La ciudad de Écija contará con una nueva guardería infantil, la escuela infantil Sor Mercedes, gracias a la aprobación de una subvención de 400.000 euros por parte de la Consejería de Educación.

La guardería se construirá detrás de la urbanización La Cerámica después de que el anterior gobierno municipal solicitara el proyecto hasta en dos ocasiones.

La parcela cuenta con más de 1700 metros cuadrados y está situada mfrente al conocido Cerro San Cristóbal. Se trata de una zona de expansión donde habitan personas jóvenes, con lo que la demanda de plazas está asegurada. Concretamente serán 460 las ofertadas, con lo que se triplica el número que existía en 2004 en esta localidad de la Campiña sevillana.

Durante el mes de febrero unos 50 centros educativos se encontrarán en obras en la provincia de Sevilla, dentro del Plan de Oportunidades Laborales de Andalucía que se financia con fondos Feder y que invertirán en estos edificios 27 millones de euros.

 Ya se ha publicado en Boja la licitación de 26 obras, mientras que 25 están pendientes de licitación. Las obras licitadas afectarán a centros de Camas, Osuna, Écija, Marchena, Utrera y Los Palacios y Villafranca, con un montante presupuestario de 3.729.113,39€. De esta cantidad, casi la mitad se destinará a la sustitución del CEIP Raimundo Lulio de Camas, que cuenta con un plazo de ejecución de diez meses.

En Marchena, el CEIP Juan XXIII también contará con un presupuesto importante, 480.000 euros, que servirán para reformar y modernizar sus instalaciones. El plazo para la finalización de estas obras es de ocho meses.

El IES Francisco Rodríguez Marín, en Osuna, contará con 500.000 euros para la construcción de un gimnasio en ocho meses.

 En Los Palacios y Villafranca se construirá un comedor en el colegio El Palenque y en el IES Virgen de Consolación de Utrera, se demolerán varias naves y se construirán unas pistas deportivas.

En Écija contarán con una inversión de 740.899,99 euros para construir un aulario de Infantil en el CEIP Calvo Sotelo.

En la capital estarán de oras los centros Antonio Ruiz Soler, Híspalis e Isbilya, Julio Verne y V Centenario.

En cuatro cursos se ha triplicado la cifra de personas matriculadas en Educación Permanente, Secundaria, Bachillerato o ciclos de Formación Profesional. De unos 60.000 matriculados en 2007, se ha pasado a más de 181.500 en el presente curso.

 Formación Profesional ha sido la oferta educativa que más ha notado este incremento. De 624 estudiantes que se matricularon en 2007, se ha pasado a más de 7.600 en el actual año académico. Entre ellos, más del 50% se está formando a distancia, aunque el resto acude a sus clases en un instituto.

También ha aumentado sustancialmente el número de alumnos y alumnas que buscan obtener el título de Graduado en Secundaria, concretamente un 161% más que hace cuatro cursos, mientras que 23.077 se preparan Bachillerato, un número que solo llegaba a 2.423 en el año 2009.